Es sabido que toda persona cuando recurre a la justicia, sea de naturaleza constitucional, civil, penal, laboral, etc., busca tutela jurídica y tutela jurisdiccional de carácter efectivo; ello se materializa al interior del proceso a través del derecho de acción con la interposición de la demanda, entendida ésta en la doctrina nacional, por Morales Godo (2005, p. 206) como el “acto procesal, a través del cual, el justiciable haciendo uso del derecho de acción, acude al órgano jurisdiccional planteando una o más pretensiones, sobre las cuales solicita se emita resolución definitoria”.
Surge así el proceso judicial constituido por una secuencia de actos procesales, caracterizado como el instrumento jurídico a través del cual las partes buscan obtener tutela jurisdiccional del Estado, reconociendo sus derechos mediante el dictado de una sentencia definitiva con autoridad de “cosa juzgada”, revestido de certeza, justicia y seguridad jurídica, elevada a la categoría de mandato constitucional reconocido en el artículo 139, inciso 13 de la Constitución Política.
